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Maria Alyokhina y Nadezhda Tolokonnikova, integrantes del grupo de punk-rock ruso Pussy Riot, demandarán al gobierno de Vladimir Putin ante la Corte Europea de Derechos Humanos por sus detenciónes en 2012 durante una protesta en la catedral de Moscú.

Ambas recibieron aministía y fueron liberadas tras 21 meses de estar en prisión. Las integrantes, quienes exigen el pago de al menos 161 mil dólares cada una, aseguran que la investigación y “persecución” de la que fueron víctimas violó sus derechos humanos y es ejemplo de tortura.

“Quieren que este caso sea un precedente para que los rusos puedan hablar públicamente de temas políticos sensibles, incluso si su discurso no es apoyado por una mayoría. Este es un acaso de libertad de expresión y de tener un juicio justo”, dijo Chikov en The Guardian.

Desde que fueron liberadas, ambas mujeres continuaron con su activismo político, comenzando con la formación Zona Prava, un grupo que busca y defiende los derechos de los prisioneros en las cárceles rusas. El objetivo es que el caso sirva de precedente para que la ciudadanía rusa pueda sentirse en el futuro segura al hablar públicamente de temas políticos importantes sin temer ser castigados por el gobierno.